Cibercrimen causa pérdidas por 3 mil mdd anuales en México
El Secretario Técnico del Consejo de Seguridad Nacional alertó que México tiene recurrencia en intentos para ser utilizado como plataforma de ataques cibernéticos hacia otros países.
El Secretario Técnico del Consejo de Seguridad Nacional, Tomás Zerón de Lucio, alertó que México afronta graves peligros derivados del fenómeno de la delincuencia en el ciberespacio.
Precisó que México ha dado pasos firmes y cada área del Consejo de Seguridad Nacional tiene sitios especializados para hacer frente a las amenazas cibernéticas y neutralizar posibles ataques del cibercrimen; sin embargo, hay un trabajo pendiente: la implementación de una estrategia específica en seguridad de la información y de ciberseguridad de alcance nacional, que involucre a todos los actores nacionales.
El reto, precisó, es la elaboración y aprobación de un marco legal que incluya la investigación, fiscalización y tipificación de los delitos cibernéticos por medio de datos y sistemas informáticos.
Precisó que México ha dado pasos firmes y cada área del Consejo de Seguridad Nacional tiene sitios especializados para hacer frente a las amenazas cibernéticas y neutralizar posibles ataques del cibercrimen; sin embargo, hay un trabajo pendiente: la implementación de una estrategia específica en seguridad de la información y de ciberseguridad de alcance nacional, que involucre a todos los actores nacionales.
El reto, precisó, es la elaboración y aprobación de un marco legal que incluya la investigación, fiscalización y tipificación de los delitos cibernéticos por medio de datos y sistemas informáticos.
“México reconoce las ciberamenazas como riesgos reales a la seguridad nacional del país. La seguridad en el ciberespacio es un asunto de la mayor trascendencia para nuestro país y el mundo”.
Sostuvo que el cibercrimen representa pérdidas por 3 mil millones de dólares anuales, mientras que Microsoft estima que podría alcanzar los 4 mil millones de dólares”.
Cerca de 85% de los delitos que se comenten en el país, se apoya con algún tipo de tecnologías de la información.
Además, el robo de identidad representa el 68% de los crímenes cibernéticos y, de 2012 a 2015, los incidentes de ciberseguridad se duplicaron, refirió.
Mencionó que el Observatorio de la Ciberseguridad en América Latina y el Caribe estima que los ciberdelitos aumentaron y su impacto económico generó pérdidas que oscilaron entre los 350 mil y 500 mil millones de dólares; que la mayoría de los países de la región son vulnerables a ataques cibernéticos.
Además, cuatro de cada cinco naciones no tienen estrategia de seguridad o planes que puedan contribuir al plan de ciberseguridad para protección de su infraestructura crítica.
También, dos de cada tres países latinoamericanos no cuentan con un centro de comando y control de seguridad cibernética; la mayoría de las naciones carece de marcos jurídicos adecuados en cibercriminalidad; las fiscalías no tienen capacidad para perseguir los delitos cibernéticos, y la mayoría carece de cibersoberanía, pues se ven en la necesidad de almacenar datos fuera de su territorio nacional.
El contralmirante de la Secretaría de Marina, Carlos Vicente Díaz González Escamilla, expresó que la seguridad nacional, por su naturaleza multidimensional, es responsabilidad de todos, lo que incluye a todas las instancias del gobierno y a la sociedad.
Los ciberataques, precisó, se constituyen como un riesgo a la infraestructura del desarrollo nacional. “De no ser atendidos los flujos migratorios oportuna e integralmente podrían desencadenarse en afectaciones al desarrollo y la seguridad nacional”, afirmó.
“Si nosotros no somos capaces de cambiar el modelo de protección, salvaguarda de defensa y seguridad, no se podrá llegar a un esquema democrático en el que los pesos y contrapesos sean un factor para que la parte civil y militar estén equilibrados”.
Cristos Velasco San Martín, fundador y coordinador de Ciberdelincuencia.org y director de Protección Datos México, advirtió que la evidencia digital en México tiene parcialmente regulado el Código Nacional de Procedimientos Penales; si bien existe una disposición para regular este elemento, aún no hay un parámetro relacionado con la cadena de custodia electrónica.
La legislación debe proporcionar las herramientas para que investigadores y forenses trabajen con la cadena de custodia digital, pues esto fomentará la seguridad del país.
Subrayó que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) presentó un documento que promueve una política integral en torno al manejo de la seguridad digital, con numerosos mecanismos en la esfera gubernamental y una mayor participación público-privada en el ámbito nacional, regional e internacional.
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